Hace 15 años, Chile impulsó el primer modelo de facturación electrónica en la región, con el objetivo de incrementar la competitividad, la eficiencia del mercado y, a la vez, mejorar el cumplimiento y control tributario y los procesos de administración, cobranza y fiscalización de las empresas.
Actualmente, Latinoamérica es la región más avanzada del mundo en materia de facturación electrónica, siendo Chile el primero en encabezar el esfuerzo por dejar atrás el papel, seguido luego por países como Brasil y México.
Bajo este escenario, el Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) y la Asociación Chilena de Empresas de Factoring (AChEF) organizaron el coloquio académico "Factura y factoring electrónico: Estado del arte en Chile", el cual ofreció un profundo análisis en torno a los principales problemas relacionados con esta herramienta comercial. La actividad fue inaugurada por la Directora de la Escuela de Pregrado, profesora María Nora González, mientras que la discusión fue moderada por Álvaro Parra, subdirector del Departamento de Derecho Comercial.
Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se refirió al avance en la Declaración Mensual de IVA, iniciativa impulsada para los contribuyentes afectos a este impuesto, incluyendo a las 595 mil empresas que son actualmente facturadoras electrónicas, la gran mayoría de ellas pertenecientes a los segmentos de pequeñas y micro empresas.
Normativa y factoring
En la misma línea, el desafío para el país sigue siendo el factoring electrónico, donde nuevamente Chile fue pionero en cuanto a su implementación. Al respecto, Christian Cook, vicepresidente de AChEF, resaltó cifras que reflejan su uso en industrias como el comercio, la construcción y servicios, entre otros.
Por último, el profesor Renato Jijena, director del CEDI, enfatizó que la legislación nacional en materia de facturas y factoring electrónico ha sufrido varias modificaciones, siendo una de las últimas reformas aquella que establece que las cesiones de créditos contenidos en facturas electrónicas también deba efectuarse de manera electrónica.
La nueva normativa establece que se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas a cargo del SII, agilizando el mérito ejecutivo de la factura y acelerando su cesión y ejecución. Con ello, además de favorecer la transparencia de las operaciones y evitar posibles fraudes derivados del mal uso de notas de crédito manuales, permitirá a las empresas obtener mayor liquidez y asumir menores costos financieros vía factoring.
A juicio del profesor Jijena, este avance representa una ventaja considerable, especialmente tratándose de pequeñas y medianas empresas, quienes podrán acceder a un nuevo escenario simple, seguro y eficiente en materia de financiamiento.
